Introducción: 

La Ley 20.393 establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en Chile por ciertos delitos considerados económicos, ya sea por su naturaleza o por las circunstancias bajo las cuales se cometieron. Desde su promulgación, ha sido fundamental en varios casos de corrupción y fraude, obligando a las empresas a implementar Modelos de Prevención de Delitos para mitigar riesgos legales y operativos, además de implementar otras penas.

Los Modelos de Prevención de Delitos son herramientas esenciales para que las empresas puedan demostrar diligencia y compromiso con el cumplimiento normativo. Un MPD efectivo no solo ayuda a prevenir la comisión de delitos, sino que también puede atenuar o eximir la responsabilidad penal de la persona jurídica en caso de investigación. La implementación de estos modelos permite establecer protocolos internos, capacitaciones y sistemas de control que disminuyen los riesgos de corrupción y otros ilícitos.

La falta de un MPD adecuado ha llevado a sanciones severas para diversas empresas, incluyendo multas millonarias, prohibiciones de contratar con el Estado y, en casos extremos, la disolución de la persona jurídica.

Línea de tiempo de los casos más relevantes en donde se ha aplicado la Ley 20.393:

2012- Industrias Ceresita S.A.

Primer caso formalizado bajo la Ley 20.393. En este caso, la empresa fue acusada de realizar sobornos para obtener permisos irregulares en Recoleta. Tras la investigación, se concluyó a través de una suspensión condicional, estableciendo las condiciones de demolición de instalaciones, donación del terreno al Estado, compensación a vecinos e implementación de un MPD.

2013 – Universidades del Mar, Internacional SEK y Pedro de Valdivia

Organizaciones formalizadas por sobornos en procesos de acreditación. Se aplicaron medidas distintas a cada institución. La Universidad del Mar fue condenada, estableciéndose una multa de 2.000 UTM, además de responsabilizar a dos personas naturales involucradas. En el caso de Internacional SEK y Pedro de Valdivia, se llegó a una suspensión condicional del procedimiento. Con esta salida alternativa,  Internacional SEK pagó $25 millones al Fisco, además de tener que implementar un programa de becas equivalente a $500 millones. Por último, la Universidad Pedro de Valdivia también accedió  y otorgó becas. Pedro de Valdivia pagó $50 millones y también otorgó becas. Se exigió implementar un MPD.

2013 – Áridos Maggi Ltda.

Formalizada por soborno y fraude al fisco. La Dirección Regional de Vialidad denunció irregularidades en la ejecución de un contrato con la empresa para el suministro de material chancado destinado a la construcción del Longitudinal Los Tilos Cruce Nº 59 en la comuna de Bulnes. Uno de los dueños de la empresa ofreció al inspector de Vialidad un pago de $6 millones para que no informara sobre las diferencias entre las cantidades de material chancado reales y las que aparecían en las guías de despacho, causando un perjuicio de más de $12 millones.

La Fiscalía de Chillán formalizó a los representantes de la empresa por los delitos de soborno y fraude al fisco. Áridos Maggi fue condenada a la prohibición de celebrar contratos con el Estado por dos años y a la prohibición absoluta de recibir beneficios fiscales. Los dueños de la empresa fueron condenados al pago de multas e inhabilitación para ocupar cargos públicos por tres años.

2013 – Grupo Penta

Investigado por fraude tributario y financiamiento ilegal de campañas políticas. En octubre de 2013, una denuncia anónima llevó a la investigación de un esquema de evasión fiscal liderado por Iván Álvarez, ex fiscalizador del SII, quien rectificaba declaraciones de impuestos a cambio de comisiones. Se descubrieron boletas de honorarios falsas emitidas por las esposas de los controladores de Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, permitiendo adulterar la contabilidad de la empresa y evadir impuestos.

En 2018, Délano y Lavín fueron condenados a 4 años de libertad vigilada, el pago de $1.700 millones y el cumplimiento de un programa formativo sobre ética en dirección de empresas. En enero de 2019, la Corte de Apelaciones rebajó algunos cargos contra Pablo Wagner, exsubsecretario de Minería, quien fue condenado a 2 años de remisión condicional y pago de $42 millones. Se destacó la importancia de establecer controles preventivos mediante un MPD.

2014 – Constructora Pehuenche

Condenada por soborno en trabajos con la Municipalidad de Santiago. La empresa realizó pagos ilícitos a funcionarios municipales para obtener contratos de pavimentación. Se impuso una multa de 680 UTM y prohibición de contratos con el Estado por cuatro años.

2015 – CAVAL

Caso de tráfico de influencias y delitos tributarios. La empresa, vinculada a Natalia Compagnon, fue investigada por la compra de terrenos en Machalí tras obtener un crédito del Banco de Chile por $6.500 millones. A medida que avanzó la investigación, se descubrieron delitos tributarios, tráfico de influencias y estafas.

Mauricio Valero, socio de Compagnon, fue condenado a 541 días de presidio y pago de $60 millones. Herman Chadwick, ex síndico de quiebras, recibió una pena de 3 años de libertad vigilada. Finalmente, Compagnon fue condenada a 541 días de presidio menor y pago de $23 millones por delitos tributarios. Se enfatizó la necesidad de contar con mecanismos de prevención de delitos.

2015 – Isolux Corsan

Investigada por cohecho y fraude al fisco en contratos con la Universidad de Santiago. Se descubrió que funcionarios de la Usach recibieron pagos y beneficios para no cursar multas a la empresa constructora encargada del Edificio de Docencia. Se exigió la recuperación de fondos y la aplicación de un MPD.

2015 – SQM

Formalizada por sobornos a funcionarios públicos. La empresa pagó $900 millones en multas y $1.650 millones en donaciones a fundaciones. La suspensión condicional del proceso incluyó la obligación de implementar un MPD certificado por un tercero independiente.

2018 – Tecnodata S.A.

Imputada por soborno a funcionarios del Ejército. La empresa emitió facturas falsas por insumos computacionales que nunca llegaron a su destino, desviando fondos públicos. Se le impuso una multa de $60 millones y la obligación de implementar un MPD. Funcionarios involucrados fueron condenados a presidio efectivo por fraude al fisco y falsedad en administración militar.

2023 – Club Ibiza y Club Hollywood

Durante el año 2023, se formalizó a ambas empresas  por prestar estructura legal al crimen organizado, involucrándose en el lavado de activos y trata de personas. Estas empresas fueron utilizadas por “Los Gallegos”, una facción del Tren de Aragua, para explotar sexualmente a mujeres. En este caso, por primera vez, se ordenó la disolución de dos Sociedades por Acciones, sancionando la cancelación de su personalidad jurídica y la prohibición de contratos con el Estado.

2023 – Compañía Minera Candelaria

El Ministerio Público formalizó a la empresa por cohecho, por haber realizado pagos a ciertas autoridades municipales. Se optó por la salida de  suspensión del proceso bajo la condición de construir un parque en Tierra Amarilla, adquirir derechos de agua para comunidades locales y realizar donaciones por $1.650 millones. También se exigió la certificación de su MPD por un tercero independiente.

2023 – Nova Austral

La empresa fue imputada por contaminación y fraude, por haber contaminado aguas y dañado recursos hidrobiológicos en contravención a la Ley General de Pesca y Acuicultura. A través de una salida alternativa, la empresa acordó el pago de impuestos por $7.000 millones y la donación de un inmueble a la Gobernación de Magallanes. Además, se le exigió actualizar su MPD conforme a las nuevas exigencias legales.

Conclusión: 

La aplicación de la Ley 20.393 ha marcado un cambio significativo en la cultura de cumplimiento corporativo en Chile. Las empresas no solo deben preocuparse por sus operaciones económicas, sino también por establecer estructuras y mecanismos internos que prevengan delitos. La implementación de Modelos de Prevención de Delitos es una medida esencial para proteger la integridad de las organizaciones y evitar sanciones que pueden afectar su reputación y continuidad. La Ley 21.595 de Delitos Económicos introduce modificaciones al régimen especial, estableciéndose nuevos delitos y reglas especiales para la responsabilidad de personas jurídicas y naturales por la comisión de Delitos Económicos. Para las personas jurídicas, se establece el requisito de contar con un Modelo de Prevención de Delitos que cumpla con todas las exigencias legales actuales. Como estos casos demuestran, contar con un MPD es sumamente relevante, y, por esto, cuando las empresas no han cumplido con esta exigencia, la implementación de un MPD se ha establecido como consecuencia por la comisión de ilícitos. Los casos presentados reflejan la necesidad de un compromiso constante con la ética y el cumplimiento normativo, demostrando que una gestión responsable y transparente es fundamental para el desarrollo sostenible de cualquier entidad.